El gobierno conservador de Boris Johnson tomará la decisión de pasar al Estado la gestión de las concesiones ferroviarias privadas. La decisión que se tomará a fines de junio de 2020, fue precipitada por insistentes protestas de asociaciones de usuarios de los trenes y principalmente por la crisis sanitaria del Coronoavirus. El gobierno británico lleva gastados USD 4,2M millones en subsidios estatales para las empresas concesionarias privadas en los últimos 3 meses.
El sistema de concesiones privadas británico ya se encuentra en crisis desde hace varios años. Algunas empresas privadas concesionarias como la famosa Virgin, del magnate Richard Branson dejó de operar en diciembre de 2019. También el operador Arriva no renovó la concesión en la región de Gales, quedando el ferrocarril en manos estatales desde 2018. Todas ellas de una forma u otra se encuentran fragilizadas y al borde de la banca rota.
Fue el Primer Ministro británico, también conservador, John Mayor quien en 1994 desmembró la tradicional British Rail y concesionó todas sus rutas a empresas privadas. La intención era modernizar y ofrecer un mejor servicio a los pasajeros por la libre competencia de los operadores. Es cierto que en los 90 la otrora gloriosa British Rail se encontraba en plena decadencia. La privatización de los servicios generó la actualización de ciertos corredores ferroviarios y la modernización de la gestión.
Con el tiempo, a mediados de los 2000 se comenzó a observar un estancamiento en las inversiones de nuevo material rodante y un paulatino aumento de las tarifas. Los servicios ferroviarios comenzaron a degradarse ofreciendo tarifas poco flexibles y excesivamente caras. Hoy en día la mayor parte de los trenes de Carcanías de Londres circulaban, antes de la Pandemia, completamente abarrotados con pasajeros parados hasta en los lugares más insólitos en viajes de más de una hora.
Al ser revelado a principio de junio de 2020 que se llevan gastados 4,2M millones en subsidios estatales para las empresas concesionarias privadas en los últimos 3 meses, la indignación de los ciudadanos en general ha aumentado notablemente. En 2009 se formó un grupo llamado «Bring Back British Rail» el cual lucha para que vuelva la antigua British Rail como servicio estatal ferroviario.
Según Grant Shapps, secretario de Transporte del Gobierno de Boris Johnsosn el gobierno propone nacionalizar los ferrocarriles bajo un modelo todavía no definitivo. Consistiría en pagar un canon fijo a los actuales operadores para que operen técnicamente el servicio de pasajeros. Network Rail, la empresa estatal de infraestructura ferroviaria sería la encargada de gestionar estos contratos, establecer las tarifas y cobrar los billetes.
Es evidente el fracaso del modelo de libre competencia de operadores de pasajeros en el Reino Unido.
Cuando se trata de un servicio público como el transporte de pasajeros, este no debería estar sujeto a las leyes de la oferta y de la demanda sin una regulación que tenga en cuenta el derecho al transporte de los ciudadanos.
Al tratarse de un servicio público y esencial, los operadores privados deberían reinvertir parte de los beneficios generados en el propio ferrocarril.
Los servicios públicos no deberían generar beneficios de libre disponibilidad. Deberían generar una remuneración justa para los operadores; y al mismo tiempo deberían generar un flujo que permitiera financiar nuevos proyectos, modernizaciones o situaciones inesperadas como la Pandemia del Coronavirus.
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Imagen: Network Rail